Blog del Presidente de FEMEVAL

CON EL DINERO DE LA FORMACIÓN NO SE JUEGA

Como resultado del debate interno generado la semana pasada en el seno  de la CEOE, motivado por la reforma del sistema de Formación Profesional para el Empleo que el Gobierno ha presentado a patronal y sindicatos, en FEMEVAL no podemos dejar de aportar nuestro punto de vista al respecto.

En este momento, es cierto que la discusión sobre el modelo y filosofía de formación que debe prevalecer continúa sobre la mesa, a la espera de un consenso que satisfaga a todos.

La situación es la siguiente. El Estado recauda 1.800 millones de euros procedentes de los fondos de formación que las empresas y trabajadores aportamos con nuestras cotizaciones sociales. En concreto, un 0,6% a cargo de la empresa y un 0,1% del trabajador. De este importe, la Administración deriva un alto porcentaje a otras partidas presupuestarias, no vinculadas con actuaciones formativas de trabajadores en activo. En concreto en 2013, cerca del 57% de esta cuota (1.059 millones) se destinó a la formación de los desempleados que gestionan las Comunidades Autónomas. Unos fondos sobre los que, además, los interlocutores sociales no tenemos información ni control alguno.

Esta forma de gestionar estos recursos, derivada del fuerte impacto que ha tenido la crisis sobre las arcas públicas, corrobora la ineficiencia en la administración y control de los mismos, a la par que resta el carácter finalista de unos fondos establecidos por Ley.

Han sido tantas las voces que se han alzado denunciando esta situación, que hasta el Tribunal Constitucional se ha tenido que pronunciar determinando que estas cuotas de formación profesional no forman parte de la caja única de la Seguridad Social, dado su carácter finalista, y que deben, por tanto, contribuir sólo al fin para el que están destinadas.

Pero, hasta la fecha, el Gobierno está haciendo oídos sordos ante este pronunciamiento, aplicando sus propios criterios respecto al destino y selección de los fondos, programas y cursos a impartir, sin atender a las necesidades reales de empresarios ni trabajadores en activo.   Llegados a este punto, como organización empresarial que vela por los intereses de las empresas metalmecánicas, nos sumamos una vez más a esas voces para reclamar que se reoriente el 100% del dinero aportado a este tipo de formación. Es decir, que el carácter finalista de esta cuota se desvincule del concepto de ‘subvención’, y responda a un principio de reversión para las empresas y los trabajadores que aportan los fondos.

Asimismo, defendemos nuestro papel como interlocutores sociales en la gestión de esos recursos y nuestra participación en la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, puesto que este capítulo es inherente a la concertación social. El Gobierno no puede actuar ni decidir de forma unilateral sin contar con quien paga y  con quien representa al tejido productivo.

Entendemos que el nuevo modelo de FPE debe otorgar el máximo protagonismo a las empresas. Ellas, con cargo a la cuota que generan, son las que deben decidir cómo, qué tipo de formación imparten a sus trabajadores en función de sus necesidades y con quién. Un tema, este último, sobre el que los interlocutores sociales, como centros acreditados y tras más de treinta años desarrollando proyectos formativos, tenemos mucho que aportar. Porque somos el mejor compañero de viaje y el más capacitado para sacar el 100% del rendimiento de los recursos humanos que gestionan las empresas.

Por ello, y como sistema complementario, debe seguir existiendo el modelo de formación sectorial, gestionado a través de entidades bipartitas en las que participemos las organizaciones empresariales y sindicales.

Nadie puede poner en duda nuestro bagaje y conocimiento sectorial, ni nuestra contribución a la competitividad del tejido empresarial. Por eso, insistimos también en que el nuevo sistema debe pivotar sobre principio básicos de funcionamiento como son la eficacia y la eficiencia, la transparencia y una evaluación y control permanente. Un excelente punto de partida que evitará que se demonice al conjunto de organizaciones empresariales y sindicales por el reprochable comportamiento de una minoría.

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